Widmann Srl ha implementado, de conformidad con el Decreto Legislativo 24/2023, un sistema interno de denuncia de infracciones para permitir a los sujetos previstos por la ley denunciar infracciones de normativas nacionales o de la Unión Europea que puedan perjudicar el interés público o la integridad de la empresa, de las que hayan tenido conocimiento en un contexto laboral público o privado.
En ejecución de la Directiva (UE) 2019/1937, se promulgó el Decreto Legislativo n.° 24 del 10 de marzo de 2023 sobre “la protección de las personas que denuncian infracciones del derecho de la Unión y las disposiciones sobre la protección de las personas que denuncian infracciones de la normativa nacional”.
Pueden denunciar una infracción los siguientes sujetos:
empleados;
ex empleados;
becarios;
colaboradores;
proveedores;
consultores;
accionistas y personas con funciones administrativas, de liderazgo, de control y de supervisión o de representación.
No existe una lista exhaustiva de delitos o irregularidades que pueden ser objeto de denuncia.
Se consideran infracciones relevantes las que sean relativas a comportamientos, riesgos, delitos o irregularidades, cometidos o intentados, en perjuicio del interés público.
De acuerdo con la legislación que se indica más arriba, la denuncia debe referirse a comportamientos, actos y omisiones que consistan en:
infracciones administrativas, contables, civiles o penales;
conductas ilícitas relevantes con arreglo al Decreto legislativo n.° 231/2001 o infracciones de los modelos organizativos y de gestión previstos en el mismo;
infracciones que entran en el ámbito de aplicación de actos de la Unión o nacionales relacionados con los siguientes sectores: contratación pública; servicios, productos y mercados financieros y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad y conformidad de los productos; seguridad del transporte; protección del medio ambiente; radioprotección y seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y piensos y salud y bienestar animal; salud pública; protección del consumidor; protección de la privacidad y de los datos personales y seguridad de las redes y de los sistemas de información;
actos y omisiones que perjudiquen los intereses financieros de la Unión;
actos y omisiones relacionados con el mercado interior, como infracciones de las normas sobre competencia y ayudas estatales;
actos o comportamientos que frustren el propósito o los objetivos de las disposiciones de los actos de la Unión.
Disputas, reclamaciones o solicitudes relacionadas con un interés personal del delator o de la persona que presentó una denuncia ante la autoridad judicial o contable que se refieran exclusivamente a sus relaciones laborales individuales o de empleo público, es decir sus relaciones laborales o de empleo público relacionadas con sus superiores jerárquicos;
Denuncias de infracciones que estén ya reguladas obligatoriamente por actos de la Unión o nacionales, es decir, aquellos actos nacionales que implementan actos de la Unión;
Denuncias de infracciones relacionadas con la seguridad nacional, así como contrataciones relacionadas con aspectos de defensa o seguridad nacional, a menos que estos aspectos entren en el ámbito del derecho derivado pertinente de la Unión.
En todo caso, antes de realizar una denuncia, el delator debe tener un motivo razonable y fundado para creer que la información relativa a las infracciones que se van a denunciar es verdadera y se enmarca en lo dispuesto por la normativa aplicable.
Cada denuncia es extremadamente confidencial y, por lo tanto, se gestiona con la máxima confidencialidad en pleno cumplimiento de las normativas aplicables, incluidas las normativas sobre la protección de los datos personales del delator. En este sentido, se recuerda que es posible presentar denuncias también de forma anónima.
Las medidas de protección del delator son:
1) prohibición de represalias: el delator no puede sufrir represalias por el mero hecho de denunciar. Las represalias incluyen:
despido, suspensión o medidas equivalentes;
descenso de grado o no promoción;
cambio de funciones, cambio de lugar de trabajo,
reducción salarial, cambio de horario de trabajo;
suspensión de la formación o cualquier restricción de acceso a la misma;
notas de demérito o referencias negativas;
adopción de medidas disciplinarias u otras sanciones, incluidas las pecuniarias;
coacción, intimidación, acoso u ostracismo;
discriminación u otro trato desfavorable;
no convertir un contrato de trabajo de duración determinada en un contrato de duración indefinida, cuando el trabajador tenga una expectativa legítima de dicha conversión;
no renovación o terminación anticipada de un contrato de trabajo de duración determinada; daños, incluidos los daños a la reputación de la persona, especialmente en las redes sociales, o perjuicios económicos o financieros, incluida la pérdida de oportunidades económicas y la pérdida de ingresos;
inclusión en listas indebidas basadas en un acuerdo sectorial o industrial formal o informal, que pueden hacer que la persona no pueda encontrar empleo en el sector o la industria en el futuro;
terminación anticipada o cancelación de un contrato de suministro de bienes o servicios;
cancelación de una vacación o permiso;
solicitud de exámenes psiquiátricos o médicos.
2) medidas de apoyo: se establece una lista de instituciones del tercer sector en la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC) de las que el delator puede recibir medidas de apoyo, como información, asistencia y asesoramiento gratuitos
3) Protección frente a represalias
Posibilidad de denunciar ante la ANAC las represalias sufridas por el delator.
Sí. Las medidas de protección del delator se aplican también:
al facilitador (persona física que asiste al delator en el proceso de denuncia, que opera en el mismo contexto laboral y cuya asistencia debe mantenerse en confidencialidad);
a las personas que se encuentren en el mismo contexto laboral que el delator, el que presentó la denuncia o el que hizo pública la denuncia, y que estén vinculadas a ellos por una relación afectiva o familiar estable dentro del cuarto grado;
a los compañeros del delator o del que presentó la denuncia o del que la hizo pública, que trabajen en el mismo contexto laboral que ellos y que tengan una relación habitual y actual con estas personas.
a las instituciones de propiedad del delator o para las que trabajen las mismas personas, así como a las entidades que operen en el mismo contexto laboral que dichas personas.
Sí. Cuando se haya comprobado, incluso con sentencia de primera instancia, la responsabilidad penal del delator por los delitos de difamación o calumnia o en todo caso por los mismos delitos cometidos con la denuncia ante autoridad judicial o contable, es decir su responsabilidad civil, por el mismo título, en los casos de dolo o culpa grave, no se garantizan las protecciones, y el delator o demandante queda sujeto a sanción disciplinaria.
Para una máxima protección del “delator” y del “denunciado”, se han adoptado todas las medidas de seguridad necesarias: independientemente de la elección realizada por el “delator” de presentar una denuncia de forma anónima o no, la confidencialidad de la identidad del autor y del contenido de la denuncia está garantizada mediante protocolos seguros y herramientas de cifrado que protegen los datos personales y la información proporcionada. La identidad del delator nunca se divulga sin su consentimiento, excepto en los casos previstos por la legislación vigente. El organismo actualmente responsable de la gestión de las denuncias es Monica Pitzalis.
Las denuncias se realizan por escrito, oralmente o mediante cita previa.
Las denuncias se realizan por escrito a través de una aplicación informática para la adquisición y gestión de las denuncias de actos ilícitos. Widmann Srl pone a disposición una aplicación informática para el envío y la gestión de las denuncias de actos ilícitos. La Plataforma permite la cumplimentación, el envío y la recepción de denuncias de presuntos actos ilícitos, así como la posibilidad de comunicarse de forma confidencial con el delator sin conocer su identidad. Esta, de hecho, está ocultada por el sistema informático, y el delator, gracias al uso de un código único de identificación generado por el sistema, puede “dialogar” con el ODV de forma anónima y despersonalizada a través de la plataforma informática. El sistema permite elegir si proporcionar los datos personales de identificación o no. El delator, incluso si inicialmente no facilita su identidad, puede hacerlo más tarde con el fin de obtener cualquier protección legal.
Acceder al enlace https://ourwhisper.it/widmannsrl/new/report
Proceder haciendo clic en el botón “DENUNCIAR ABUSO”
En este punto, será posible proceder con la denuncia:
a) De forma anónima sin facilitar los datos personales.
b) De forma confidencial, pero en cualquier caso con las garantías de confidencialidad previstas por la ley.
Una vez establecido el método de denuncia, el delator procederá a rellenar el formulario.
El/la delator/delatora puede presentar una denuncia a través del canal de denuncia externa establecido por el ANAC en los siguientes casos:
El/la delator/delatora ha presentado una denuncia a través del canal de denuncia interna, pero la denuncia no ha dado curso o ha terminado con una medida negativa;
El/la delator/delatora tiene motivos razonables para creer que la denuncia interna no daría curso, o que podría implicar un alto riesgo de represalias;
El/la delator/delatora cree que la infracción podría representar un peligro inminente u obvio para el interés público.
El/la delator/delatora puede proceder a una divulgación pública en los siguientes casos:
El/la delator/delatora ya ha presentado una denuncia interna y externa o directamente una denuncia externa y no ha habido respuesta;
El/la delator/delatora tiene buenas razones para creer que la infracción podría constituir un peligro inminente u obvio para el interés público;
El/la delator/delatora tiene buenas razones para creer que la denuncia externa podría suponer un riesgo de represalias o no tener seguimiento.
Este procedimiento no afecta a la responsabilidad penal y disciplinaria del/la delator/delatora en caso de denuncia de mala fe con arreglo al código penal y al art. 2043 del código civil.
También son fuente de responsabilidad, en las instancias disciplinarias y otras competentes, cualquier forma de abuso, como denuncias evidentemente oportunistas y/o realizadas únicamente para perjudicar al/a la denunciado/denunciada u otros sujetos, y cualquier otra hipótesis de uso indebido o instrumentalización deliberada del instituto objeto de este procedimiento.
FASE 1 - En caso de resultado positivo de la evaluación preliminar de la validez de la denuncia, el ODV procede al inicio de controles e investigaciones internas con el fin de recopilar información adicional en detalle y verificar la validez de los hechos denunciados mediante controles directos o con la ayuda de consultores o estructuras internamente calificadas.
FASE 2 - La fase de verificación concluye con la redacción de un Informe específico, que formaliza el contexto de referencia del informe, el marco normativo y procedimental de referencia, las actividades de verificación realizadas y los resultados/observaciones obtenidos. El Informe también propone las acciones a tomar en relación con cada observación/hallazgo formulado. En el caso de Informes que afecten a sujetos encargados de decidir sobre posibles medidas disciplinarias, denuncias u otras acciones, el ODV involucra inmediatamente al/a la Presidente del Consejo de Administración y/o al Director/Directora Ejecutivo/a, con el fin de coordinar y definir el proceso de investigación posterior.